Asímismo, en un escrito presentado ayer al juzgado, el abogado también pide a la magistrada que recabe del Consejo de Ministros la autorización pertinente para conocer si dichas grabaciones fueron destruídas y, en su caso, las fechas en que se produjo dcha destrucción dado que, a su juicio, podría haber un delito de obstrucción a la justicia.

El letrado hizo esta petición después de que la magistrada rechazase el recurso de reforma interpuesto por él contra la negativa de la jueza a practicar un registro en el CESID con el fin de evitar la destrucción de dichas grabaciones. Esta diligencia había sido solicitada por Regalado.

La jueza Del Molino basa su negativa en la resolución dictada recientemente por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicciónen el contencioso planteado por el Ministerio de Defensa al juez Baltasar Garzón, según la cual para tener acceso a documentación secreta, el juez debe elevar una exposición razonada al Consejo de Ministros solicitando su desclasificación, lo que ahora pide el abogado a la magistrada.

Además, el abogado de Capmany también recuerda en su escrito a la magistrada que todavía no ha resuelto sobre las pruebas que le solicitó el pasado 21 de noviembre, entre ellas que tome declaración nuevamente al ex direcor del CESID Emilio Alonso Manglano, al coronel Juan Alberto Perote y a otros miembros de los servicios de inteligencia.

El letrado pidió estas diligencias con el fin de estar presente en sus declaraciones, ya que cuando estos comparecieron ante la magistrada el sumario estaba declarado secreto.

La investigación por las supuestas escuchas ilegales del CESID se inició después de que el abogado de Capmany interpusiera el pasado 14 de junio una querella contra Manglano por la interceptación ilegal d las conversaciones del periodista presuntamente realizadas por los servicios de inteligencia.

Como consecuencia de ello, la magistrada María Jesús Coronado, que entonces estaba al frente del juzgado, impuso el pasado mes de junio una fianza de un millón de pesetas al ex director del CESID por un presunto delito de interceptación ilegal de comunicaciones, mientras que Perote quedó en libertad sin fianza tras declarar ante la jueza.

El escándalo por las escuchas ilegales del CESID provocó las dimiiones del entonces vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, del ministro de Defensa Julián García Vargas y de Manglano.

Entre las personalidades que fueron supuestamente objeto de las escuchas figuran, además de Capmany, el rey don Juan Carlos así como el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el director del diario "El Mundo", Pedro J.Ramírez.