Trillo explicó que si el PP presentara la moción de censura se retrasarían al menos una semana las explicaciones que debe ofrecer González y, además, "implicaría expresar el juicio de reproche, antes de escuchar la explicación que le debe al país el presidente de Gobierno".

"Yo creo mucho más adecuado y más agil, más equilibrado, oportuno y justo", añadió, "que se produzca esa comparecencia (la de González) y que una vez que se produzca, las consecuencias y responsabilidades políticas que cada cual quiera deducir están en el análisis de cada grupo parlamentario".

El dirigente popular, que hizo estas reflexiones en un encuentro con periodistas, subrayó que el PP decidió cambiar la solicitud de comparecencia de Narcís Serra por la de Felipe González ante l gravedad de las informaciones publicadas hoy por el diario "El Mundo", en su segunda entrega sobre las escuchas supuestamente ilícitas realizadas por el CESID.

Trillo dijo que estas actuaciones, según se desprende de la información del rotativo, alcanzan a los máximos niveles institucionales y atentan contra el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

"Por la amplitud y alcance institucional de la relación hoy presentada, es evidente que el presidente del Gobierno debe dar una respuesta inmediaa de semejante asunto ante el pleno del Congreso", indicó.

El responsable de asuntos jurídicos del PP insistió en que ante la gravedad de las informaciones de los dos últimos días debía haber sido el propio jefe del Ejecutivo quien tomara la decisión de acudir al Parlamento a ofrecer explicaciones sobre este caso.

COMUNICADO DEL CESID

Por otra parte, Trillo criticó la nota oficial emitida ayer por el CESID sobre las escuchas telefónicas realizadas por este centro, en las que argumentaba que est tipo de prácticas no eran ilegales al no haber entrado en vigor hasta diciembre de 1994 la ley orgánica que incorporó nuevas medidas de protección de las comunicaciones telefónicas.

Para apoyar sus críticas, el diputado popular leyó ante los periodistas el artículo 192 bis del Código Penal, según el cual "La autoridad, funcionario público o agente de estos que sin la debida autorización judicial ... interceptare las comunicaciones telefónicas o utilizare artificos técnicos de escucha, transmisión, grbación o reproducción del sonido de las mismas, incurrirá en la pena de arresto mayor en su grado máximo e inhabilitación absoluta".

De confirmarse las actividades del CESID, aseguró Trillo, se estaría conjugando la acción típicamente delictiva prevista en ese artículo, "y sobre este punto", precisó, "no caben bromas, dispersiones, alegaciones o confusiones a la opinión pública a través de notas oficiales, por muy secretos que sean los servicios de donde emanan".

A su juicio, la privacidad es el reducto más sagrado de la dignidad de las personas en una democracia y violentarla de una manera tan flagrante y sistemática constituye presuntamente un delito en el Código Penal, para lo cual la actuación del fiscal general del Estado debe ser terminante".