Trillo, que hizo estas declaraciones en rueda de prensa en el Congreso, insistió en que si el Gobierno y algunos dirigentes socialistas consideran que Mario Conde o cualquier otro ciudadano está detrás de esa trama contra las instituciones democráticas, lo que debe hacer es querellarse contra ellos.

El responsable de asuntos jurídicos del PP aeguró que en este asunto se quiere desplegar una cortina de humo sobre el hecho principal, que es la realización de escuchas ilegales a ciudadanos particulares, sin autorización judicial y violando la Constitución, "y con cargo al dinero de los contribuyentes y a las órdenes del Gobierno", indicó.

Explicó que si se demuestra que ha habido una trama contra el Estado y que un grupo incontrolado dentro del CESID ha efectuado las grabaciones ilegales este hecho sería "aún más horripilante" porque significría que el Gobierno no se enteró de nada hasta que su presidente, Felipe González, lo leyó en los periódicos.

Por otra parte, Trillo emplazó al fiscal general del Estado, Carlos Granados, a que estudie la legislación vigente y determine a qué jurisdicción, si a la ordinaria o a la militar, compete la instrucción del "caso Perote".

El parlamentario popular señaló que el problema de establecer a qué jurisdicción corresponde la instrucción radica en saber el modo en que las escuchas ilícitas del CESD afectan a cuestiones como la seguridad del Estado o la unidad de España.

En este sentido, comentó con ironía que no acierta a comprender cómo las conversaciones interceptadas a ciudadanos como Ramón Mendoza, José Antonio Segurado o Isabel Tocino pueden guardar relación con la seguridad del Estado.