Esta recomendación se incluye en el estudio "La RSE en el Gobierno Corporativo de las Sociedades del Ibex 35", un documento que plantea la cuestión de si la RSC en las empresas del Ibex 35 debería o no ser regulada mediante el Derecho.

En relación con la regulación, el texto deja claro que, en cualquier caso, "más que obligar a nadie a ser socialmente responsable, lo importante es que quien opte por serlo lo sea seriamente, y no está fuera de lugar que esa seriedad, hasta cierto límite al menos, sea exigida mediante Derecho".

Según recoge el documento, "no parece fuera de lo razonable" plantear la RSC como un campo susceptible de regulación, "más en unos momentos como los actuales en los que la idea de la desregulación de los mercados no tiene muy buena propaganda ni siquiera en el ámbito económico y financiero"

El informe presentado por Esade también aborda la entrada de las políticas públicas en el campo de la RSC y subraya que en la medida en que éstas tengan cabida en el ámbito de la responsabilidad social, "quedará justificado" un espacio de regulación.

Otra cuestión que este informe plantea se refiere a la integración de la RSC en la estructura de gobierno, una integración que, según Esade, debe realizarse de una manera "clara, identificable y significativa".

En este sentido, propone que, además de que el Consejo de Administración sea el responsable último en materia de RSC, las empresas ofrezcan información sobre cuáles son los órganos específicos en los que recaen las competencias.

INFORMACIÓN MÁS ACCESIBLE

Por lo que respecta a la transparencia de los informes, con carácter general, el estudio concluye que "en materia y forma tienen recorrido de mejora". De partida, apuesta por una mayor concisión y por mejorar las maneras de estructurar y sistematizar la información. "Se trataría de hacer más accesible la información", recalca el estudio.

Por último, el informe se detiene en la credibilidad, que señala como una de las cuestiones claves ("si no la clave") en los informes de RSC. En este campo, apuesta por "abrir una reflexión" sobre la posibilidad de ampliar el ámbito de la auditoría a un terreno más sustantivo o, "si prefiere, más ambicioso".

"Eso permitiría a los propios actores tener margen para contribuir a esa credibilidadmediante verificaciones más extensas y profundas". La asunción del liderazgo en este proceso puede ser variada y compartida e ir desde consultoras privadas que ya trabajan en el diseño de nuevas certificaciones hasta las administraciones públicas, pasando por la propia GRI, concluye el estudio.