Fungairiño hace esta advertencia a la Etzaintza en un escrito hecho público hoy, en el que le pide que envíe a la Audiencia Nacional las diligencias policiales sobre una algarada callejera que acabó con el incendio del repetidor de Pagolar, en Llodio (Alava).

Según el fiscal, en este caso la Policía Autonómica remitió el original del informe sobre el incendio del repetidor al juzgado de Amurrio (Alava) y trasladó una copia a la Audiencia Nacional, cuando debería haber actuado justo al revés.

En este sentido, la Fiscalía recuerda a la rtzaintza que la competencia para conocer, en principio, hechos relacionados con el terrorismo es de la Audiencia Nacional y que la Policía Autónoma Vasca debe informarle en un plazo no superior a las 24 horas transcurridas tras los incidentes.

Además, recuerda que es la Audiencia Nacional la que debe decidir si investiga y enjuicia los hechos relacionados con el terrorismo o, por el contrario, los remite al juzgado de la localidad donde se hayan producido.

"Pero nunca y de ninguna manera será lacitada Policía (Autónoma Vasca) la que por sí misma determinará el órgano judicial competente para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo".

Según fuentes jurídicas, son ya 29 los casos en los que la Ertzaintza se ha negado a facilitar los informes originales sobre algaradas callejeras, enviando los originales de sus diligencias a los juzgados locales.

Asimismo, señalaron que la Ertzaintza acostumbra a informar a la Audiencia Nacional de casos de terrorismo cuando éstos afectn a personas, pero no cuando sólo provocan daños materiales.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional escribe a la Ertzaintza para recordarle su obligación de colaborar con la justicia, informando a la Audiencia Nacional de aquellos hechos que estén relacionados con ETA.

ANTECEDENTES

En febrero de este año, el fiscal Jesús Alonso envió un escrito similar al hecho publico hoy, después de que unos desconocidos colocaran un artefacto explosivo en los bajos de un vehículo parcado cerca de la sede de Correos en San Sebastián.

La Ertzaintza respondió al fiscal que había denunciado los hechos en el juzgado de San Sebastián, por entender que éste era el competente para llevar a cabo la investigación judicial.

Esta respuesta desató la ira de Alonso, quien recordó a la Ertzaintza que su obligación no era realizar informes jurídicos sobre las competencias de una investigación judicial.