La diputada de ERC Rosa Bonás, que firma una proposición no de ley en ese sentido,recuerda al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que en su debate de investidura se comprometió a "abandonar progresivamente la energía de origen nuclear" e indica que también el Gobierno catalán tiene el compromiso de elaborar un programa de cierre de las centrales.

ERC no pretende el cierre inmediato de las nucleares que están en funcionamiento, sino que apuesta por la redacción de un plan de cierre a medio plazo que permita ir sustituyendo paulatinamente la generación eléctrica de origen nuclear por otras fuentes energéticas menos agresivas con el medio ambiente y renovables.

Piden que este compromiso político "se acelere" para dar solución a los conflictos asociados de la gestión de resíduos. Las centrales nucleares españolas, recuerda ERC, producen anualmente 160 toneladas de residuos nucleares de alta actividad, que mantendrán su peligrosidad durante miles de años y que, de momento, se almacenan en las mismas centrales que los producen.

ERC advierte de que entre el año 2009 y el 2020 quedarán saturados los espacios reservados al almacenaje de estos residuos de elevadísimo potencial de contaminación con un elevado coste económico, ya que el Quinto Plan de Residuos Radiactivos estima que se gastarán 800 millones de euros en gestionar esos residuos entre los años 2000 y 2070.

Para Bonás, la energía nuclear "es insegura" y "poco competitiva" en términos económicos porque sus costes de inversión por kilowatio de potencia instalada "no se pueden comparar con otras fuentes como las plantas de ciclo combinado o la energía eólica".En definitiva, ERC rechaza la sostenibilidad del modelo energético nuclear.

Para afrontar su eliminación, los socios del Gobierno socialista creen necesario crear una comisión en la que estén representados los sectores y empresas implicados que acuerde "la redacción de un plan de cierre progresivo del conjunto de las plantas nucleares" y la sustitución de la energía que genera por fuentes de energía renovables. Este plan deberá ir acompañado de una planificación precisa para que esta sustitución no tenga efectos negativos sobre el empleo.

Esta comisión de expertos debería tener representación de las empresas y administraciones afectadas, así como representación parlamentaria y de científicos y técnicos independientes, para permitir un seguimiento riguroso del plan de cierre.