Así se desprende de una batería de preguntas escritas que Esquerra ha dirigido al Gobierno en el Congreso de los Diputados y que se han registrado pocos días después de que se haya hecho público el pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la demanda colectiva de UGT contra el Estado español por el “bajo” coste del despido y la falta de protección y capacidad disuasoria.

En líneas generales, el Comité ha avalado las tesis de UGT, sindicato que considera que la legislación vigente vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea por no contar con un despido reparador, que tenga en cuenta los efectos que produce en cada persona la decisión de las empresas de romper su relación laboral.

La necesidad de endurecer el despido en España es una de las ‘banderas’ de Esquerra desde la pasada legislatura en su actividad parlamentaria en Madrid y fue uno de los argumentos esgrimidos por la formación independentista catalana para votar en contra de la reforma laboral de 2021, pactada entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal. Aquel texto legal no introdujo modificaciones en la normativa del despido pues, como explicó la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, no formaba parte del acuerdo de Gobierno.

Pero en la legislatura que dio comienzo tras las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando PSOE y Sumar reeditaron un Gobierno de coalición de izquierdas, el programa pactado sí incluyó la reforma del despido, lo que se haría tras la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Con toda probabilidad, el Ministerio de Trabajo abrirá con los agentes sociales este debate formalmente cuando, tras el verano, logre zanjar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

A juicio de Esquerra, la regulación de los despidos del Estado español “incumple lo estipulado por el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada en relación con el artículo 30 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Por ello, en la batería de preguntas registrada en el Congreso y que ha sido recogida por Servimedia, Esquerra exhorta al departamento dirigido por Yolanda Díaz a que valore la decisión del Comité Europeo, que aclare si va a recuperar una indemnización mínima por despido improcedente de 45 días por año trabajado, si se van a establecer indemnizaciones realmente restaurativas, y si va a recuperar los salarios de tramitación, es decir, desde que la persona es despedida hasta que se resuelve el ‘conflicto’.

También reclama que el Gobierno indique si se plantea alterar la capacidad de opción entre extinción indemnizada y nulidad, de tal forma que sea el trabajador despedido improcedentemente quien escoja si desea recuperar su puesto de trabajo o ser indemnizado por la extinción de su puesto de trabajo.