El grupo liderado por Joan Puigcercós quiere que el Gobierno remita un informe al Congreso para debatirlo y presentar las propuestas de resolución y comparecencias que los grupos consideren necesarias, para lo que argumenta que "el Gobierno de José María Aznar dió apoyo y participó en la guerra ilegal e ilegítima que encabezó los Estados Unidos contra el Estado soberano de Iraq".

"No obstante, nunca concretó ante este Parlamento ni las misiones exactas que las tropas españolas movilizadas iban a llevar a cabo, ni qué tipo de coordinación existía con las demás tropas ocupantes, ni el dinero que, a costa de los propios contribuyentes que se oponían a esa guerra, comportaba dicha movilización", añade.

Tampoco se aclaró nunca "cuáles eran las contrapartidas que el Estado español iba a obtener de una guerra hecha para apoderarse del petróleo iraquí", prosigue, y desde antes de iniciarse la guerra, el entonces secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, "hacía gestiones para garantizar la participación de las empresas españolas en la reconstrucción".

"Tal era el optimismo que, el 13 de mayo, el Gobierno del PP prometió a las empresas españolas una cuota de participación del 9%, que significaba un volumen de negocio de alrededor de 6.000 millones de euros", pero ninguna empresa española ganó las subcontrataciones, añade, lo que "molestó al Gobierno, que mediante el ministro de Defensa, Federico Trillo, trasladó a Donald Rumsfeld su malestar por la exclusión de España del botín de guerra".

En otro orden de cosas, Esquerra considera que hay que clarificar "cuál fue el montante de ayuda total a Iraq por parte del gobierno español, cómo ha sido implementada y cuál fue el proceso de selección de las ONGs que se hicieron cargo de ella (mayoritariamente, relacionadas directa o indirectamente con el PP".

MISION DEL CNI

"El gobierno español tampoco aclaró ni la forma ni destino de los 300 millones de dólares anunciados por el gobierno español en la Conferencia de Donantes de Madrid para la reconstrucción iraquí", ni informó al Parlamento sobre la misión de los servicios de espionaje españoles en Iraq que fueron atacados por las tropas de ese país.

Por ello, emplaza al Gobierno a realizar, en un plazo no superior a tres meses, un informe sobre la participación militar española y sus servicios de espionaje en Iraq, sobre la ayuda oficial destinada a ese país y sobre los compromisos comerciales públicos y privados del Estado tanto en la ocupación militar como en la reconstrucción del país devastado.

Asimismo, pide que envíe dicho informe a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, para que los grupos puedan solicitar, en un plazo de quince días, la información adicional y hasta cuatro comparecencias, a fin de que los diputados formulen y voten las propuestas de resolución oportunas.