Según argumenta ERC en la iniciativa, a Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en lo que se refiere a la jubilación anticipada, distingue entre aquellos funcionarios que pertenecen al régimen de clases pasivas del Estado y los que pertenecen al régimen general.

ERC considera que el profesorado acogido al régimen general se encuentra discriminado, por no poder acceder a los beneficios derivados del hecho de encontrarse dentro de la enseñanza pública, al no pertenecer a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estdo, que contempla la jubilación a los 60 años.

Además, precisa que, por su condición de funcionarios, no pueden acceder a las prestaciones que ofrece la Seguridad Social y, por otra parte, tampoco pueden acogerse a la reducción de jornada a partir de los 55 años.