Acompañado de la abogada colombiana exiliada en España Nancy Fiallo y del dirigente indígena José Vicente Otero, Tardà explicó que su intención es pedir al Ejecutivo que utilice las relaciones económicas con Colombia como vía para promover el respeto a los derechos humanos.

Además, ERC ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a defender ante las instancias internacionales y ante el Ejecutivo colombiano las medidas necesarias para "desmantelar efectiva y definitivamente las estructuras económicas, sociales y administrativas" de los grupos paramilitares en un proceso tutelado por la comunidad internacional.

Ese proceso debería incluir el apoyo a las investigaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía sobre los vínculos de congresistas, senadores, empresarios y funcionarios del Estado con los grupos paramilitares.

Exige, asimismo, que se garantice la plena libertad e integridad de los defensores de los derechos humanos y medidas para evitar la estigmatización o criminalización de las organizaciones y personas comprometidas en esa lucha.

MUÑECAS ENSANGRENTADAS

Una de ellas es Fiallo, quien explicó hoy en rueda de prensa cómo un centenar de militantes pro derechos humanos han sido asesinados en Colombia en los últimos años y cómo recientemente han comenzado a ser objeto de amenazas sus familiares más directos.

Esas amenazas se materializan en cartas, envío de fotografías de sus hijos saliendo de clase o de muñecas ensangrentadas a sus domicilios y, en general, en actos que ponen en evidencia que están permanentemente vigilados.

La abogada, afincada en España desde hace seis meses como parte del programa de protección para defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional, denunció el intento sistemático del Gobierno de Álvaro Uribe de vincular la actuación de estos grupos a la actividad de las FARC para desacreditarlos.

Por su parte, Otero denunció el "genocidio" de decenas de grupos indígenas en Colombia. Según explicó, hay aún en ese país 102 grupos étnicos indígenas, de los que 18 sólo cuentan con entre 20 y 200 familias. Entre 2002 y 2009, más de 1.200 indígenas han sido asesinados, dijo.

Sus territorios son los que más recursos naturales y económicos poseen y en muchos casos son objeto de acuerdos para su explotación entre el Gobierno colombiano y diversas compañías multinacionales, entre las que se encuentran, indicó, Telefónica, Unión Fenosa o Aguas de Barcelona.

En ningún caso, aseguró, estos acuerdos han sido sometidos a consulta de las poblaciones indígenas locales, una condición que establece la legislación internacional y que sistemáticamente viola el Ejecutivo colombiano.

El diputado de Esquerra espera que el Gobierno Zapatero se implique en la lucha por los derechos humanos y declaró que la única voz crítica a la visita de Uribe a España fue la de ERC, que no aplaudió su presencia en el Congreso como gesto simbólico de rechazo a su política.