La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer en su primera comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que uno de sus objetivos para esta legislatura es la reforma de la Ley de Libertad Religiosa para adaptarla a las circunstancias actuales.

La formación independentista señala que el artículo 16.3 de la Constitución Española afirma que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Ese mismo artículo especifica que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y que en virtud de ello se "mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

No obstante, considera que estas relaciones no están "suficientemente acotadas" respecto a la acción de los poderes públicos y se dan casos en que se pone en entredicho la aconfesionalidad del Estado, por ejemplo en los protocoles de promesa o juramento del cargo de ministro, que se hace delante de una Biblia y un crucifijo.

Por tanto, para garantizar la aconfesionalidad del Estado propone "garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos del Estado, evitando en su actividad la promoción de cualquier creencia o acción religiosa mediante símbolos, documentos o cualquier otro medio".

ERC aboga por revisar en esta legislatura los acuerdos del Estado con las diferentes confesiones y estableciendo que las instituciones y servicios públicos "no promocionan como tales y mediante ningún medio a ninguna confesión o acción religiosa".

Pide realizar modificaciones legales para "eliminar del ordenamiento jurídico todo tipo de discriminación positiva por motivos religiosos o cualquier reconocimiento de la promoción por parte de las instituciones y servicios públicos de cualquier confesión o acción religiosa mediante cualquier medio".

Y finalmente, solicita la creación de una comisión para estudiar la aplicación de estas medidas, establecer mecanismos que aseguren su cumplimiento y proponer otras nuevas para cumplir con la aconfesionalidad del Estado".

NEUTRALIDAD RELIGIOSA

Además, ERC ha presentado otra proposición no de ley en la que insta al Gobierno a garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos del Estado, evitando en su actividad la promoción de cualquier creencia o acción religiosa mediante símbolos, documentos o cualquier otro medio.

Pide revisar, en el marco de la presente legislatura, los acuerdos suscritos por el Estado con las diferentes confesiones para plantear nuevas vías que se ajusten estrictamente a la fórmula constitucional de cooperación con las confesiones, pero garantizando que las instituciones y servicios públicos no promocionan como tales y mediante ningún medio a ninguna confesión o acción religiosa.

Además, quiere que se realicen las modificaciones legales oportunas para eliminar del ordenamiento jurídico todo tipo de discriminación positiva por motivos religiosos o cualquier reconocimiento de la promoción por parte de las instituciones y servicios públicos de cualquier confesión o acción religiosa mediante cualquier medio.

Por último, propone al Gobierno la creación de una comisión para estudiar las medidas anteriores, establecer mecanismos que aseguren su cumplimiento y, en su caso, proponer nuevas medidas para cumplir con la aconfesionalidad del Estado.