En su opinión, "se trata de una iniciativa al amparo de la justicia penal universal que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que, habiendo recibido denuncia previa de cuatro presuntas víctimas de tortura, está plenamente justificada".

Ridao considera que la decisión de la nueva Administración americana de cerrar en el plazo de un año este centro de detención "no sana los hechos ilícitos por torturas y malos tratos en que hubiera incurrido la Administración Bush".