Los grupos firmantes demandaron también la modificación de las directrices para la gestión de las cesiones de las salas del Senado para que, "respetando la pluralidad y la libertad de expresión", se fijen criterios que no atenten o promuevan la regresión de derechos y actuaciones en contra de la legislación vigente.

Después de conocer que la Mesa del Senado, en su reunión del 17 de julio, autorizó la cesión de una sala de la Cámara Alta para la celebración de la VI Cumbre Transatlántica, varios grupos parlamentarios en el Senado solicitaron al organismo la reconsideración del acuerdo y la revocación de la autorización.

Estas formaciones señalaron que el acto estaba organizado por Red Política de Valores, una organización que "promueve la restricción de derechos sexuales y reproductivos que está vinculada a discursos que fomentan el odio y la discriminación". "La mayoría del Partido Popular en el organismo decidió no acceder a estas solicitudes y decidió mantener la autorización", criticaron.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes han decidido registrar conjuntamente estas iniciativas para su debate y votación en el seno de la Comisión de Igualdad, siguiendo las indicaciones de la propia presidenta de la comisión que señaló que ese órgano es en el que se debería dar el debate cuando las distintas portavoces manifestaron su oposición a la celebración de la cumbre en la reunión de mesa y portavoces de dicho organismo. “No hay cabida para el esperpento anacrónico que atenta contra los derechos de las mujeres” afirmaron en el comunicado.

La cesión de las instalaciones del Senado a esta red para la celebración de su cumbre supone, según estas formaciones, la utilización de recursos públicos, "a disposición de un Lobby neoconservador, que comparte agenda con la extrema derecha, negacionista, con una agenda organizada contra los derechos de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo, y que financian redes de acoso contra mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo".

Un "acoso" este último, señalaron, que "está penalizado por la Ley Orgánica aprobada en 2022 por la que se modificaba la Ley de 10/1995 para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo".

Por otro lado, en cuanto al Senado como espacio público, los grupos firmantes señalaron que su cesión se adopte con criterios ajustados a la legalidad, especialmente de cumplimiento y garantía de los derechos de las mujeres y toda la legislación de garantía contra las violencias machistas, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y a la interrupción voluntaria del embarazo.

Del mismo modo, solicitaron "respetar la normativa relativa a la diversidad sexual y derechos Lgtbi, especialmente los derechos de las personas trans, así como la igualdad de trato y la no discriminación".