En el comunicado conjunto que divulgaron como resumen de su proposición de ley, que consta de 23 páginas, los tres partidos de izquierda, cuyo rechazo a la reforma laboral les viene siendo muy reprochado por el PSOE y Unidas Podemos, sobre todo desde que se suceden los buenos datos en contratación indefinida, presentan su propuesta como un intento de "complementar dicha iniciativa legislativa del Gobierno, con total voluntad de colaboración con todos los actores que compartan la aspiración de garantizar mejores derechos a los y las trabajadoras".

La enfocan, subrayan, como " punto de partida de un proceso amplio de debate, negociación y acuerdo entre los distintos agentes sociales, sindicales y políticos", que "aspira a resultar compatible y no excluyente con los proyectos anunciados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social", y a "aprobar una nueva ley ambiciosa y efectiva que dé respuesta a las demandas de las personas trabajadoras en materia de legislación laboral". "Hacemos un llamamiento a las diputadas y diputados del Congreso para que se configure nuevamente una mayoría amplia con el concurso de los partidos que forman parte del Gobierno y de las fuerzas soberanistas y de izquierda", emplazan al PSOE y UP.

No obstante, la exposición de motivos de la proposición ya introduce apreciaciones menos pacíficas con los socialistas, como que la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 "consolidó" la de 2010 de su predecesor, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y "las relaciones laborales se desequilibraron, aún más, hacia la patronal".

FUERA

Y, aunque concede que le reforma del actual Ejecutivo "abordaba cuestiones clave" al "enfrentar la precariedad", recuperar la ultraactividad de los convenios y "ha conseguido avances en materia de combate contra la temporalidad", ERC, EH Bildu y BNG insisten en que " son muchos los aspectos especialmente relevantes en cuanto a protección laboral se refieren que quedaron fuera, especialmente en lo relativo a los despidos e indemnizaciones". Según establecen, "sumar derechos debe ser el objetivo, no elegir entre ellos".

Entre las medidas concretas incluidas en la proposición de ley, están la introducción en el Estatuto de los Trabajadores del contrato fijo-discontinuo para trabajos estacionales pero previsibles, de la flexibilidad de jornada y condiciones laborales, de la regulación de la subcontratación y del Mecanismo Red (para la flexibilidad interna) y de condiciones más estrictas para el despido colectivo y el despido disciplinario.

Además, el Estatuto de los Trabajadores pasaría a recoger que la indemnización por despido improcedente vuelve a ser de 45 días de sueldo por año trabajado, como antes de la reforma laboral de Zapatero, y que las empresas sólo podrían descolgarse de un convenio por acuerdo con los trabajadores y con retribución fijada con exactitud para éstos.

Aparte de esas modificaciones del Estatuto, la propuesta de ERC, Bildu y BNG modifica la Ley reguladora de la jurisdicción social, de 2011, y un decreto de 2014, para puntualizar que, tras un despido improcedente, el empresario estará obligado a reincorporar o indemnizar al trabajador, y establece que tanto el empresario como el trabajador podrán reclamar al Estado los correspondientes salarios de tramitación.