Este acuerdo persigue favorecer la implantación del Ejército afgano en la provincia de Badghis, en cuya capital se encuentra el equipo de reconstrucción provincial (PRT) español encuadrado en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF).

Según el Gobierno, el acuerdo enviado a las Cortes contribuirá a la consolidación de la estabilidad y la seguridad en la provincia afgana de Badghis, con lo que permitirá, al mismo tiempo, que el equipo español pueda desarrollar mejor sus cometidos.

Este convenio se inscribe en los esfuerzos desarrollados por la comunidad internacional en Afganistán, que tiene en cuenta el objetivo fundamental de "afganización" del proceso, en el sentido de contribuir a la progresiva toma de responsabilidad de las diferentes facetas de la actividad pública en ese país por parte de su propios ciudadanos.

El acuerdo con Afganistán tiene por objeto establecer el marco jurídico por el que se regirán las actividades de patrocinio de la unidad del Ejército de este país.

Entre los compromisos de España figuran los de construcción de infraestructuras y de provisión de equipamiento, así como el apoyo a las actividades operativas de la unidad patrocinada, con un límite mensual de gastos, por este último concepto, de 100.000 euros.