El real decreto prevé la puesta en marcha del Programa Nacional de Control de las Plagas del Topillo de Campo, "microtus Arvalis" (pallas), y otros microtinos, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este programa se desarrollará con cargo al ejercicio presupuestario de 2008 y está previsto asignar a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura aproximadamente 5,5 millones de euros, lo que supone el 50 por 100 del coste total de las acciones de lucha previstas.

El real decreto obliga a los propietarios de explotaciones agrarias afectadas por estas plagas de topillos a facilitar en todo momento a los inspectores de sanidad vegetal el acceso a sus propiedades y a poner a disposición de la comunidad autónoma los medios mecánicos de su explotación para actuar en su propiedad o en zonas colindantes.

Además, el programa insta a los agricultores a llevar a cabo algunas prácticas para el control de las poblaciones de topillo, como las rotaciones con cultivos poco favorables, la planificación de las siembras otoñales, la promoción del control biológico de la plaga mediante el fomento de los vertebrados depredadores, la utilización de sistemas de trampeo en las zonas en las que se detecte actividad de topillos o la utilización de tratamientos bajo control oficial con productos rodenticidas, siempre y cuando se superen los umbrales que para cada zona determine la comunidad autónoma.

La plaga de topillos es un problema endémico en las comunidades autónomas del centro y norte de España, especialmente en Castilla y León, debido a las características agroclimáticas de la meseta castellana, que propician el desarrollo natural de las poblaciones de este roedor.

Las condiciones meteorológicas que se han producido en los últimos inviernos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, caracterizadas por una ausencia de lluvias intensas, acompañadas de temperaturas suaves, han facilitado una anormal multiplicación de los topillos.

Los cultivos más afectados han sido cereales, leguminosas y forrajeras y las provincias más perjudicadas, en mayor o menor grado, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.