A partir de ahora recae en la Comunidad Autónoma la competencia para la administración de la asistencia gratuita, que en los nueve primeros meses de este año motivó 3.739 solicitudes, de las que 2.857 fueron aceptadas.

En concreto, será la Comisión de Asistencia Jurídica de Cantabria, en la que se integrarán los representantes del Ejecutivo autonómico que designe el consejero competente en materia de Justicia, la que, de forma específica, estudie cada una de las solicitudes.

Este derecho contempla la gratuidad de la Justicia para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, comprendiendo en esta definición a las personas cuyos ingresos económicos, por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional (SMI), además de a las personas con discapacidad.

En ocasiones, si las circunstancias familiares lo justifican, puede también reconocerse a aquellos cuyos ingresos superen este límite, pero sin llegar al cuádruplo del SMI.

El decreto establece que sólo podrán prestar este tipo de asistencia los abogados que tengan como mínimo tres años de experiencia acreditada. Además, fija con precisión el ámbito al que se extiende el decreto, que estará circunscrito a los procedimientos que se sigan ante órganos cuya competencia territorial no excedan el ámbito de la Comunidad Autónoma.