La nueva Ley moderniza la anterior, de 1988, y agiliza la resolución de los conflictos entre los ciudadanos, especialmente empresas, sin necesidad de acudira los tribunales.

Además, se adapta la legislación española a la Ley Modelo elaborada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, con lo que los agentes económicos de los países con los que España mantiene activas y crecientes relaciones comerciales tendrán mayor conocimiento sobre el contenido del régimen jurídico del arbitraje en España, lo que facilitará e impulsará que se pacten convenios arbitrales en los que se establezca nuestro país como lugar de arbitraje.

Como ventajaspuntuales, la nueva Ley de Arbitraje establece que los trámites de la mediación no pueden durar más de seis meses y la decisión del laudo tiene carácter ejecutivo, incluso en los casos en que éste sea impugnado.

En definitiva, la Ley de Arbitraje otorga mayores competencias a los árbitros que, a diferencia de lo que ocurre ahora, tendrán la potestad de dictar medidas cautelares.