La nueva norma es efectiva desde este jueves, al cumplirse veinte días de la publicación de la ley, que comienza asegurando que "todas las personas tienen derecho a elegir libremente al profesional de la abogacía que vaya a asistirle en su defensa".

Se establece que todas las personas tienen derecho a recibir asistencia jurídica adecuada para ejercer su defensa, incluyendo la necesidad de realizar adaptaciones para garantizar la accesibilidad cognitiva de personas con discapacidad intelectual.

El texto regula aspectos como "la confidencialidad de las comunicaciones entre el profesional de la abogacía y su cliente", el secreto profesional y la libertad de expresión de los letrados en el ejercicio de su función, siempre que no contravengan la deontología profesional.

GARANTÍAS PARA LA CIUDADANÍA

La ley reconoce el derecho a que "los actos y comunicaciones procesales se redacten en lenguaje claro y comprensible", especialmente cuando los destinatarios sean menores de edad o personas con discapacidad que requieran adaptaciones específicas.

Los ciudadanos podrán solicitar que la contratación de servicios jurídicos se formalice por escrito, incluyendo información comprensible sobre sus derechos, trámites esenciales y costes derivados de la actuación profesional.

Otro aspecto es que los poderes públicos deberán "garantizar la actuación libre e independiente de los profesionales de la abogacía en el ejercicio de sus funciones". Se reconoce a los letrados su derecho a la conciliación familiar y laboral mediante la posibilidad de solicitar suspensiones de procedimientos por motivos justificados.

Al mismo tiempo, la norma establece que los colegios de abogados operarán como "garantía institucional del derecho de defensa", velando por el cumplimiento de las normas deontológicas y amparando a los profesionales en el ejercicio de sus funciones.