Según informaron en un comunicado conjunto, el manifiesto, al que se ha adherido 354 organizaciones vinculadas al colectivo y adláteres, también pide a las autoridades que “hagan cumplir y respetar la legislación vigente y que tomen medidas, ejerciendo una especial protección de la infancia y juventud contra el auge de la violencia y de los discursos de odio sobre la población trans, que están deteriorando la calidad democrática de nuestra sociedad violentándoles impunemente”.

En ese sentido, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, subrayó que “el Estado tiene una deuda histórica con las personas trans, que fueron perseguidas por la ley de peligrosidad social que no se derogó hasta 1995”.

Del mismo modo, Darco Decimavilla, de No Binaries España, comentó que “a pesar del reconocimiento de las personas no binarias por los organismos internacionales de derechos humanos, nuestro Estado no tiene una fórmula jurídica de reconocimiento, por lo que esta situación agrava los problemas de violencia que sufrimos”.

Los colectivos impulsores del manifiesto arguyen que “los discursos de odio están permeando en la sociedad, muchas veces amparados y multiplicados por el altavoz de los medios de comunicación convencionales y digitales, afectando a las vidas de personas concretas, de carne y hueso, con emociones y sentimientos, que ven cuestionadas y expuestas a discursos violentos sus experiencias vitales, familiares o profesionales”.

Ante esta situación, la presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas, Natalia Aventín, señaló que se ha remitido una reclamación ante la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) por el tratamiento dado por un periódico a un menor trans en una información.

A su vez, las representantes de Arelas y Naizen, Cristina Palacios y Bea Server, reseñaron que el discurso hostil hacia las personas trans “está calando en entornos como el sanitario, donde no hay muchos profesionales que conozcan el tema y los prejuicios se traducen en sufrimiento para personas muy jóvenes que necesitan una atención respetuosa y sus tiempos no les permiten enfrentarse a interminables procesos de reclamaciones”.

Por todo ello, el manifiesto supone un “rotundo rechazo a la banalización de la violencia que se está ejerciendo desde los medios de comunicación, que no reconocen los derechos de las personas trans como derechos humanos, instándoles a hacerse eco de las opiniones de las personas trans en la prensa, la televisión y la radio”; invita a “presentar a las personas trans y los problemas relacionados con sus derechos de manera objetiva, equilibrada y no discriminatoria”; insta a “abstenerse de difundir estereotipos negativos y nocivos sobre las personas trans”; llama a referirse a las personas utilizando las palabras, los pronombres, el género y los nombres con los que se identifiquen”; conmina a no mencionar o revelar la condición trans de una persona “sin su consentimiento y a formar a sus periodistas en el respeto a las personas trans”, según lo establecido por la ONU.