Esta iniciativa parlamentaria afectaría a las víctimas mortale y los represaliados en el período comprendido desde el 1 de abril de 1939 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas, y no sólo supondría una indemnización monetaria por las muertes, sino también "un conjunto de medidas de reconocimiento público" hacia personas muertas en comisarías y prisiones, bien por sus cargos políticos en la Segunda República, por sus ideas o por su activismo democrático.

En caso de salir adelante esta iniciativa, podrían beneficirse de las medidas, por ejemplo, los familiares del presidente de la Generalitat Lluis Companys, de Julián Besteiro, Joan Peiró, Julián Zugazagoitia, Numen Mestre, Tomás Centeno, Julián Grimau o Salvador Puig Antich.

Según el portavoz adjunto de Entesa y autor de la iniciativa, Carles Bonet, "la memoria de estas víctimas no ha sido honrada por ninguna ley de ámbito estatal, por lo que esta demanda es de gran trascendencia, especialmente tras conocerse algunos de los efectos sorprendentes que se están erivando de la aplicación por el Gobierno de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo".

Entesa propone que el sistema de reparación económica a las víctimas de la dictadura franquista y sus sucesores se equipare al dispensado a las víctimas del terrorismo.