Sólo la desviación del IPC en noviembre, 0,7 puntos por encima de los 5 previstos por el Gobierno a primeros de año, supondrá un coste para el Estado de 69.000 millones de pesetas.

Sin embargo, sólo tendrá que aumentar el gasto público previsto para el año que viene en 47.500 millones, ya que el Gobierno hizo el resupuesto sobre una hipótesis del 5,5 por cien de inflación en noviembre, dos décimas por debajo de la que ha resultado al final.

Ese encarecimiento de los precios en 1991 ha obligado a los senadores socialistas a introducir una partida de 35.000 millones de pesetas en el apartado de gastos de diversos ministerios para atender las remuneraciones cobradas de menos por los funcionarios públicos.

Además, el IPC del 5,7 por cien exige una revisión de las pensiones de la Seguridad Social de 0,2 punto, ya que las 5 primeras décimas de diferencia estaban incluidas en el cálculo inicial de los presupuestos. Ello obligará a aprobar un crédito extraordinario de 8.500 millones de pesetas.

También las pensiones percibidas por las clases pasivas tendrán que ser revisadas como consecuencia del encarecimiento de los precios por encima de las previsiones. En este caso, el PSOE ha introducido en los presupuestos del 92 una enmienda que eleva el gasto en otros 4.000 millones más.

A los 47.500 millones depesetas que aumentarán los gastos estatales como consecuencia de la deviación en las previsiones inflacionistas del Gobierno, los presupuestos deberán sumar el gasto fiscal de 50.000 millones de pesetas que supondrá la reducción de 5 puntos para el IVA de lujo, situado actualmente en el 33 por cien.

En total, son 97.500 millones de pesetas los que aumentará el gasto público, sin contar con el impacto en la recaudación que puede suponer el aumento en 5 pesetas de los impuestos sobre gasóleos de automocón, frente a las 7 que preveían los presupuestos antes de ser discutidos en el Senado.

SUBIR GASOLINAS Y GASOLEOS

Ese último cambio presupuestario, aprobado también hoy por el pleno del Senado, está recogido en una enmienda transaccional del grupo socialista apoyada por Izquierda Unida, CDS, CiU y el Grupo Mixto (el PP se abstuvo), en la que se rebaja de 7 a 5 pesetas el incremento de la presión fiscal que soportarán el gasóleo A y B desde el 1 de enero de 1992.

Con esta decisión, los consumidoes de gasóleos de automoción en España pagarán 37,30 pesetas de impuestos, frente a las 32,30 pesetas que abonan actualmente por cada litro de gasóleo A y B.

Sin embargo, la subida de la imposición indirecta sobre las gasolinas no sufrirá ningún recorte en el Senado, lo que supondrá un aumento de 7 pesetas en los ingresos del Estado por cada litro que se compre, tal y como había previsto el Gobierno.