Según manifestó hoy en Madrid Raquel Blanco, asesora jurídica del Centro de Información y Formación sobre la Enfermedad Mental que respalda la confedración, al hacer recaer en el juez la autorización de dar el alta a los enfermos psiquiátricos ingresados frozosamente en centros "alargará innecesariamente el proceso, dada la saturación de los juzgados".

Esta experta explcó que hasta ahora cuando un psiquiatra indica un internamiento forzoso involuntario, el 60% de todos los que se producen, es necesaria la autorización de un juez "al limitar su libertad de movimientos". Es nuevamente el psiquiatra el que decide cuándo se ha recuperado el paciente y para dar el alta sólo debe comunicar su decisión al juez.

"A nuestro juicio", añadió, "el internamiento de enfermos mentales es un acto médico previsto cuando corre peligro la vida del enfermo, la de terceras personas o lade sus familiares, y sólo entenderíamos necesaria la autorización judicial de un alta en situaciones extraordinarias y muy limitadas".

El asesor científico de Feafes, el doctor José Cabrera, recordó que España es un país muy judicializado y que sólo en existen juzgados especializados en incapacidades e internamientos en las grandes ciudades "por lo que consideramos que esta reforma en la práctica es casi imposible".

ATENCION DEFICITARIA

El presidente de Feafes, el doctor Francisco Morata, critió, por su parte, la desigualdad en el acceso al tratamiento de la salud mental en las distintas comunidades autónomas y la falta de centros intermedios para atender a estas personas, "cuya atención recae en el 80% de los casos en los familiares".

Para atender las dudas que sobre cualquiera de los aspectos sanitarios o sociales de esta enfermedad puedan tener las familias, Feafes ha creado el Centro Español de Información y Formación sobre la Enfermedad Mental, que en su primer año de funcionamiento harecibido casi 1.600 consultas.

Del total de las consultas recibidas, 456 se clasificaban dentro de la demanda de orientación familiar, 390 reclamaban información sobre recursos socio-sanitarios, y 335 información jurídica.