Según manifestó a Servimedia el doctor Gonzalo Herranz, presidente de la Comisión de Deontología Médica de la OMC, la ley holandesa respalda "una especie de ingienería social de neodarwinismo, en el que la gente que tiene menos recursos será machacada por el sistema social, que autoriza a los médicos a desprenderse de la gente débil".

"En Holanda", añadió, "han llegado a la conclusión terriblemente utilitarista de que el enfermo terminal es el que provoca más gastos a la sanidad pública, de tal maner que en los últimos seis meses de la vida estas personas ocasionan el 80 por ciento del gasto médico que producen en toda su vida".

A juicio del experto en deontología médica, la eutanasia por motivos de dolor ya no puede sustentarse dado el gran desarrollo de los cuidados paliativos, "por lo que los denfesores de esta práctica se escudan en la libre decisión de la persona que considera que su vida carece ya de dignidad".

En cuanto al tratamiento de la eutanasia en el proyecto del nuevo Código Peal, el doctor Herranz considera que se ha recogido sin ningún debate previo y sin tener en cuenta otros problemas asociados, como la desincentivación del cuidado de los enfermos.

DIVISION ENTRE LOS ENFERMOS

Las asociaciones de enfermos crónicos se encuentran divididas ante la eutanasia. Los enfermos de sida piden que se respete el derecho del individuo a decidir sobre su propia muerte, cuando la patología se encuentra en fase terminal; mientras que las personas que sufren de cáncer se aferran a los uidados paliativos que alivian su dolor.

Según Peio López, miembro del Comité Ciudadano Anti-sida de Alava, en el congreso "Calidad de vida. Calidad de muerte", celebrado el año pasado en Zarazoga, los enfermos terminales de sida reclamaron el derecho de morir dignamente y fuera del hospital.

La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, por su parte, apuesta por los tratamientos contra el dolor y cuidados alternativos de los pacientes de cáncer y encuentran una gran respuesta entre estos enfrmos, según manifestó a esta agencia el doctor Francisco Chavarría, director de la Fundación Científica de la asociación.

En su nuevo Catecismo, la Iglesia católica considera la eutanasia "un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador".

"El error de juicio", continúa, "en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre".

La Iglesia pide un respeto especal para todos aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada, así como para las personas enfermas o disminuidas, que deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible.

Asimismo, señala el texto que cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, por lo que es moralmente inaceptable.

PRIMER PASO

Por su parte, Salvador Pániker, presidente de la Asociación Española pra la Defensa de una Muerte Digna, señaló a esta agencia que la decisión del Parlamento holandés al regular la eutanasia "es un primer paso, aunque en España aún queda mucho por hacer".

"El derecho a una muerte digna", añadió Pániker, "es ante todo, un derecho de autodeterminación individual. Se trata de que cada cual pueda decidir por si mismo desde su plena capacidad jurídica o, en su defecto, a través de un previo testamento vital el momento de la propia muerte".

Según el presidente de la Asocación Española para la Defensa de una Muerte Digna, el nuevo Código Penal, que despenaliza la llamada eutanasia pasiva, ha llenado un importante un vacio legal.

"Esta situación", recalcó Pániker, "nos hace esperar que el texto pueda mejorarse por su paso por las Cortes con una completa despenalización para determiandos supuestos y siempre sobre la base del pleno reconocimeinto de la voluntad del enfermo".

Recientemente, la Asociación Española para la Defensa de una Muerte Digna elaboró un manifieto, firmado por más de un millar de escritores, pensadores y artistas, en el que solicitan al Parlamento español el reconocimiento del derecho humano a decidir sobre la propia muerte.