"Desde el punto de vista del Gobierno", dijo Rato en los pasillos del Congreso, "el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y lo que ha hecho en otros casos similares: aplicar las reglas de la competencia y garantizar que las decisiones libremente tomadas por los consejos de administración de empresas no afectan al funcionamiento del mercado y a la garanía de los consumidores y de las familias".

Rato agregó que, "a partir de ahí, las decisiones que tomen los consejos de administración, las toman bajo su responsabilidad y bajo sus criterios. E igual que no hicimos una valoración política de que tomaran la decisión de que les interesaba fusionarse, no podemos hacer una valoración política de que tomen la decisión contraria si entienden que no está en el interés de sus accionistas el hacerlo".

El vicepresidente segundo calificó de apreciación "subjtiva" el que las empresas consideren que las exigencias del Gobierno eran excesivamente duras.

"Yo tengo que decir que, independientemente de que esa es una apreciación subjetiva -seguramente esta mañana se han escuchado opiniones que dicen lo contrario- y, como en muchísimas cosas, depende de la posición que cada cual tenga, las condiciones del Gobierno eran perfectamente predecibles", dijo.

En este sentido, agregó que "el Gobierno se ha cansado de decir que tenía unas reglas de generación que n iban a superar en ningún caso; el Gobierno se ha cansado de repetir que los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Energía eran muy relevantes en esta cuestión y, por lo tanto, independientemente de que yo respete las opiniones y las críticas que puede hacer cualquiera, tengo que decir que era indudable que una empresa eléctrica en España no podía superar ciertos umbrales ni en generación ni en distribución, y que en comercialización, que era el tema que más poda afectar directamente a los consumidores, sobre todo en un mercado libre a partir de 2003, era imprescindible que aumentara la competencia".

CTC

"Y desde el punto de vista de los costes de la competencia, de los CTCs, tengo que decir que como la propia Comisión Nacional de la Energía recogía, si aparecían plusvalías por encima de los costes estandar que sirvieron para calcular los famosos CTCs, pues no parece que fuera justificable que se mantuviesen los mismos", explicó.

Por lo tanto, continu Rato, "tengo que decir que, independientemente del respeto a las opiniones de todo el mundo, yo creo que está claro con el Gobierno del Partido Popular que las reglas son iguales para todos, las reglas son generales, la gente sabe que la competencia es una política marcada de gobierno y, a partir de ahí, las empresas toman las decisiones en función de sus propios intereses".

Rato explicó que la cuestión de los CTCs "está en función de las ventas de activos. Por lo tanto, independientemente de cuál se la elección jurídica que se tome para que una empresa compre otra, se fusione con otra, adquiera otra o se alíe con otra, si hay una venta -como la que se producía en este caso y que las propias empresas reconocen- de activos que tienen unos supuestos costes hundidos y en esas ventas se pone de manifiesto que estos costes hundidos no existían, es imposible que le pidan al Gobierno que no sea sensible a esa cuestión y que le pidan al Gobierno que mire para otro lado".

En este sentido, reiteró que "lasreglas son las lógicas y las generales para todos y yo creo que es bueno que en España todos nos acostumbremos a que las reglas son transparentes y lógicas para todos y lo que no pueden pedir ni éstas ni ninguna empresa es que, si se pone de manifiesto que un reconocimiento de unos costes hundidos no es cierto, el Gobierno ignore esa evidencia. Eso no se puede pedir, y me sorprende que algunas personas todavía pretendan esas cuestiones".

Preguntado por la existencia de una nueva OPA sobre Hidrocantábrco, Rato eludió hacer una valoración política sobre esta cuestión. "Las reglas sobre OPAs están perfectamente establecidas", dijo. "La Comisión Nacional del Mercado de Valores es la que vela por la transparencia de esas operaciones y si alguna de ellas tuviera consecuencias en las reglas sectoriales, o en las leyes sectoriales, o en las leyes de competencia, el Gobierno intervendría".