Durante la comparecencia de Rato en la Comisión de Economía, el portavoz socialista, Jordi Sevilla, dijo que la empresa resultamte de la fusión debería tener un porcentaje del negocio de distribución eléctrica en España inferior al 41% del total nacional que le fija la CNE.

El representante socialista también dijo que el negocio de generación eléctrica de l futura Endesa Iberdrola S.A. debería estar por debajo del 40% del total del mercado español que se le fija en el informe de la Comisión, además de mostrarse partidario de mantener por imposición legal una separación clara de los negocios de distribución y comercialización.

Sevilla fue claro al señalar que su partido apoyará abiertamente la fusión, si las condiciones que se le ponen a las dos compañías eléctricas garantizan que los mayores beneficiados con la operación serán la libertad del mercado elctrico español y los consumidores finales.

Las palabras del portavoz del PSOE encontraron eco en la posición del representante de CiU, Josep Sánchez Llibre, quién se mostró de acuerdo con el endurecimiento de las condiciones de desinversión que deben imponerse a Endesa e Iberdrola para fusionarse, e incluso, apuntó que el tope de mercado de generación para la empresa resultante no debería superar el 20%.

En este sentido, el portavoz de CiU adelantó al Gobierno que desde la Cámara, su grupo está dspuesto a defender políticamente este planteamiento, y que exigirá al Gobierno "mano de hierro" para que se asegure de que la fusión aumenta la competencia y aporta beneficios claros a los consumidores domésticos e industriales.

Otro de los motivos de reproche de los socialistas al Ejecutivo es lo que consideran excesivo grado de intervencionismo en los asuntos de las empresas, con una acción política que anula a los organismos independientes encargados de velar por la salud de los mercados, como la CE.

Rodrigo Rato fue taxativo al señalar que será el Gobierno el que decida finalmente si se autoriza la fusión de Endesa e Iberdrola porque así lo impone la ley, pero añadió que el Gobierno aún no tiene criterio al respecto, ni lo va a tener mientras no conozca las opiniones de la propia CNE y del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).

El ministro negó las acusaciones de que el Gobierno haya presionado sobre los miembros de la CNE para asegurarse un informe de este organismo en línea con lo planteamientos que tiene acerca de la fusión, y reprochó a los socialistas que realicen estas críticas, cuando un Gobierno del PSOE nombró al entonces secretario de Estado de Economía nuevo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, en clara referencia a Miguel Angel Fernández-Ordóñez.