La ponencia fue aprobada en la Comisión de Trabajo y Segridad Social de la Cámara Alta, con el apoyo de la totalidad de los grupos parlamentarios.

El senador popular Antolín Sanz manifestó que, "a pesar de la favorable coyuntura económica en nuestro país, nos encontramos con diferentes sectores de la economía con problemas, o situaciones en crisis estructurales con deudas importantes contraidas tanto en el ámbito de lo fiscal como en el de la Seguridad Social".

Los grupos parlamentarios del Senado admiten que, hasta la fecha, no se ha encontrado un maco jurídico capaz de agilizar los procedimientos para estos pagos por parte del Estado.

La situación actual entraña un laberinto de procesos negociadores largos y costosos entre Administración y empresas.

Sanz señaló varios objetivos de este proyecto: respetar el principio de equidad con las empresas que atienden puntualmente sus obligaciones, ser fieles a las directrices europeas y buscar el respaldo de los agentes sociales.