En opinión de la coalición, estos despidos son consecuencia de una estrategia sindical "irresponsable" de la Plataforma Sindical, sindicato que convocó los paros y cuyos principales dirigentes fueron despedidos por la dirección de la EMT, sanción que ha sido considerada procedente por el juez.

IU considera que el sindicato convocó una huelga "desproporcionada, injusta para con los usuarios, en su mayor parte trabajadores también, que son los que han sufrdo el largo período que ha supuesto el conflicto, que ha llevado a un callejón sin salida".

También denuncia la responsabilidad que el Partido Popular en el Ayuntamiento tiene en el conflicto, ya que, para IU, la gestión del área de Transportes ha sido nefasta, "no tomando cartas en el asunto".

Asimismo, considera que la concejalía que dirige José Antonio García Alarilla realizó un planteamiento de "cerrazón patronal pura y dura", abocando a crear un clima de opinión en el usuario que sirva de jutificación a la política de privatización de los servicios públicos que, afirma, quiere hacer la corporación.

Finalmente, IU-Madrid hace un llamamiento a las partes en conflicto para que inicien la negociación del convenio colectivo de 1992.

FIN A LA CONFLICTIVIDAD

Por su parte, la dirección de la EMT mostró su satisfacción por la sentencia judicial que considera procedentes 8 de los despidos y afirma que supone el punto final a una prolongada situación de conflictividad.

Según la EMT, la entencia declara ilegal la huelga del 15 de enero, confirmando la tesis mantenida por la dirección de la empresa durante todo el conflicto, así como su postura de que debían ser los tribunales quienes resolvieran la cuestión, "que sirvió de excusa a la Plataforma Sindical para dejar a los madrileños sin autobuses durante 45 días".

Asimismo, expresa su confianza en que esta resolución judicial sirva para impedir en un futuro la convocatoria y realización de huelgas salvajes, "que violan la legalidad y upone un atropello a los legítimos derechos de los usuarios".

También confía en que nunca vuelvan a producirse amenazas y coacciones contra los trabajadores que deseen ejercer su legítimo derecho a no secundar los paros, tal como ocurrió durante la pasada huelga "estéril y desproporcionada", según la EMT, que duró casi dos meses.

Finalmente, a juicio de la dirección de la EMT, la sentencia abre una nueva etapa en las relaciones laborales de la empresa que, afirma, debe estar presidida por el ánim de reconstruir un clima de serenidad, "para que la EMT recupere la confianza de los madrileños y pueda abordar lo antes posible la negociación del convenio colectivo pendiente".