Según el Ejecutivo, con esta medida se completa la incorporación al ordenamiento jurídico español de una directiva comunitaria, por la que se aplica otra directiva de 2004.

Con la entrada en vigor de este reglamento, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se eleva la protección de los inversores, ya que las entidades y empresas de inversión tendrán más deberes de información y transparencia.

Además, se incrementa la competitividad de las empresas financieras y de inversión españolas, ya que verán facilitada su actividad en el exterior.