El Ejecutivo indica al parlamentario popular que las empresas sólo tienen la obligación legal de comunicar el contenido de los contratos de prestación de servicios en el momento en que se suscriben, por lo que sólo se conoce su contenido económico en ese momento inicial, pero no se puede ver la evolución de la facturacióno actualización de los costes del servicio.

El Gobierno reconoce que la contratación de seguridad privada por las Administraciones Públicas "ha seguido la misma evoluciónque el resto del segmento del mercado, con tendencia ascendente".

Además, en la respuesta se indica que no existe en la actualidad ninguna modificación legislativa en materia de seguridad privada, aunque la Comisión Mixta de Coordinación de la Seguridad Privada de las Cortes y sus grupos de trabajo analizan problemas como el del intrusismo de empresas que no cumplen con los requisito legales y que, a veces, son objeto de subcontratas.

De hecho, el grupo de trabajo de lucha contra el intrusismo está analizando el endurecimiento del régimen sancionador para las empresas no habilitadas para la prestación de servicios de seguridad y para las empresas que subcontraten con ellas.

También está en estudio aumentar las sanciones a los usuarios de seguridad que contraten o se sirvan de empresas o personal, que no cuente con la preparación específica exigida a los agentes de seguridad privada.

Uno de los objetivos principales de la Comisión Mixta es perfeccionar y coordinar la seguridad pública y la privada, con el fin de canalizar y analizar la información que se genere en el sector privado de manera "más eficaz".