Esa cantidad supone un aumento del 45 por ciento respecto al ejercicio precedente y supera la cifra más alta registrada hasta ahora, la de 1984, cuando las indemnaziones fijadas ascendiron a 66.531 millones.

Los pleitos laborales planteados en magistratura fueron 299.132, de los que algo más de la tercera parte se solventaron con un fallo favorable total o parcialmente a los trabajadores. Otras 79.149 terminaron en sentencias a favor de las empresas y el resto se zanjaron con conciliciaciones o desistimientos.

De las indemnizaciones impuestas por los tribunales, alrededor de 34.905 millones de pesetas fueron el resultado de demandas contra despidos, lo que supone un aumento del51 por cien respecto al año anterior.

Otros 2.698 millones fueron reconocidos en demandas interpuestas por asalariados en relación con cuestiones relativas a afiliación, cotización, prestaciones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los demás conflictos individuales no relacionados con los despidos ni con la Seguridad Social acarrearon un coste de 53.931 millones para las empresas, cifra que representa un aumento del 46,9 por cien.

POR COMUNIDADES

Por comunidades, los Juzgads de lo Social de Madrid impusieron indemnizaciones por un importe total de 18.298 millones de pesetas, por delante de Cataluña, con 16.255 millones; Comunidad Valenciana, con 11.864 millones; País Vasco, con 9.445 millones, y Andalucía, con 8.269 millones.

El resto se repartió entre Galicia (4.067), Aragón (4.415 millones), Canarias (3.200), Castilla y León (2.980), Castilla La Mancha (2.433), Baleares (2.398), Murcia (1.912), Asturias (1.645), Extremadura (1.400), La Rioja (1.174) Navarra (785), Canabria (665), y Ceuta y Melilla (322).

El fuerte aumento de las indemnizaciones derivadas de pleitos laborales contrasta con el hecho de que los casos que llegaron a los tribunales fueron sensiblemente menos, 299.132 en 1992 frente a 351.922 en 1991, el máximo histórico.

La razón parece estribar, más que en incremento de la indemnización media, en que disminuyeron las sentencias favorables a las empresas, de las que se produjeron 14.454 menos.