Eso supone un descenso de algo más de 3.000 millones de pesetas en relación a los 50.911 millones del mismo periodo del año pasado, lo que viene a romper una tendencia ascendente registrada de manera continua desde 1989.

De los pagos e indemnizaciones impuestos por los tribunales a las empresas, 18.969 millones correspondieron a despidos declarados irregulares y sobre los que no hubo acuerdo previo en las instancias de mediación y arbitraje entre empresas y tabajadores.

Otros 27.394 millones de pesetas fueron desembolsados por conflictos individuales planteados en relación con sanciones, salarios atrasados impagados y otro tipo de incumplimientos de las empresas.

Los 1.196 millones restantes corresponden a asuntos relativos a demandas formuladas en cuestiones tales como afiliación, cotización, prestaciones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Las Magistraturas de Trabajo de Cataluña establecieron la mayor cantidad global por indenizaciones y compensaciones a los trabajadores, que en los cinco primeros meses totalizaron 10.720 millones de pesetas.

El resto se repartieron así: Andalucía (6.249 millones), Aragón (1.972), Asturias (673), Baleares (1.161), Canarias (1.609), Cantabria (1.368), Castilla La Mancha (2.142), Castilla y León (2.088), Comunidad Valenciana (3.401), Extremadura (651,2), Galicia (2.722), Madrid (6.832), Murcia (1.484), País Vasco (4.100), La Rioja (323), y Ceuta y Melilla (54,1).