Esa cantidad supone un aumento del 25,7 por ciento respecto al mismo periodo de 1991, lo que permite augurar que a fin de año se superará la cifra "record" de 1991, cuando las indemnizaciones de despido se situaron en 282.476 millones.

Los trabajadores que pactaron indemnizaciones para dejar sus respectivas empresas fueron 55.810, con lo que el pago medio efectuado por las empresas ascendió a 1.596.692 pesetas, frente al 1.405.816 de primer trimestre del 91.

Las empresas que más recurrieron al despido individual para reducir plantilla fueron las industrias de fabricación de productos metálicos, las de alimentación, construcción, comercio al por menor y hostelería.

Más de la mitad de las indemnizaciones fueron pactadas en empresas de Madrid (25.801,8 millones de pesetas) y Barcelona (22.357 millones), con Valencia ocupando el tercer lugar (3.841,3 millones) y Vizcaya el cuarto (2.787 millones).

Para estimar el coste realque los despidos suponen para las empresas, hay que sumar las indemnizaciones que han sido establecidas por sentencias de los juzgados de lo Social, al no haberse llegado previamente a un acuerdo con el trabajador.

Por esta vía, las empresas fueron condenadas a pagar en los dos primeros meses de este año (último periodo para el que se dispone de datos) otros 6.333,8 millones de pesetas, casi el doble que en el mismo periodo de 1991.

También en este caso es Madrid la provincia en la que se reconoceron más indemnizaciones, por un importe total de 2.322 millones de pesetas, por delante de Zaragoza (812 millones), y Alicante (489 millones).

LA CEOE QUIERE ABARATARLO

El abaratamiento de los despidos individuales es una de las reivindicaciones que planteará la CEOE en la negociación de la reforma del mercado laboral prevista en el marco del Plan de Convergencia, según indicaron a Servimedia fuentes de la patronal.

La CEOE cree que debería rebajarse el coste de los despidos cambiando a la baj los baremos para fijar la cuantía de las indemnizaciones, que ahora es de un mínimo de 45 días por año trabajo, con un máximo de 42 mensualidades.

La patronal pretende que esta medida se adopte en paralelo a la supresión de la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo, dos medidas que liberalizarían y abaratarían considerablemente los despidos.