Los empresarios critican que el pago de atrasos supoe un coste directo no previsto al comienzo de los ejercicios y costes indirectos como pagos administrativos, fiscales o a la Seguridad Social, lo que, a su juicio, provoca problemas financieros no previstos, con especial incidencia en las pymes.

Además, denuncian que las empresas tienen que prestar una serie de servicios a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social, al hacer funciones de recaudación, por los que no obtienen ninguna compensación, desgravación o bonificación.