Así lo plantearon en el diálogo sobre la 'Situación económica y laboral de las entidades y centros de personas con discapacidad' celebrado en la agencia de noticias Servimedia, en el que participaron el presidente de la asociación empresarial para la Atención, Asistencia y Apoyo a personas con Discapacidad (CAAAD), Pedro Ugarte; la vicepresidenta de Impulsa Igualdad, Sara Rodríguez; el vicepresidente de CAAAD, Pedro Martínez; y la psicóloga de la Federación Aspace Madrid, Cristina Martín.

Hace una semana, las organizaciones de discapacidad ya demandaron a Sánchez estabilidad financiera y un aumento de fondos durante una reunión celebrada dentro de su ronda de contactos para sacar adelante la investidura encargada por el rey Felipe VI. Esta solicitud también la trasladan a comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos porque, según Ugarte, hacen falta “sistemas de financiación realmente estables por parte de las administraciones” y esto es lo que “le pedimos al nuevo Gobierno”.

A su juicio, en España existe “una gran desigualdad" entre territorios en lo relativo a la financiación de las entidades sociales porque algunas ya han puesto en marcha modelos de conciertos, pero "muchas otras mantienen un sistema de subvenciones” que impide cualquier “planificación y estructuración a largo plazo“. Subrayó que las organizaciones que dependen de ellas se ven obligadas "a estar pendientes” en el último momento de su concesión para continuar con su actividad o no.

Según el presidente de CAAAD, “nosotros prestamos servicios de forma delegada, pero la responsabilidad, en realidad, corresponde a las administraciones públicas”. “Estamos hablando de centros de atención temprana, centros de día, residencias...", detalló Ugarte, que ofrecen “servicios plenamente asimilados” y que “no pueden cerrar” de un día para otro. Por eso, “no es posible que las entidades que los prestan sigan trabajando con subvenciones”. “¿Y si un año no las logran, qué pasa? ¿Cerramos el centro?”, inquirió.

Sara Rodríguez, durante el diálogo | Foto de Jorge Villa

ESTABILIDAD

Para Martínez, es necesario “evolucionar hacia un modelo de conciertos, que ofrece mucha más estabilidad al sector”. En su opinión, “las subvenciones suponen un capítulo que a la administración pública le resulta mucho más sencillo de eliminar en caso de querer adelgazar su presupuesto”. Resaltó que, en cambio, los conciertos se suelen conceder para cuatro o cinco años y dependen de las comunidades, los ayuntamientos y las diputaciones.

Se trata de implicar, en definitiva, a las distintas administraciones territoriales encargadas de prestar servicios sociales, que actualmente delegan “su responsabilidad en nosotros”. “¿Qué menos entonces que proporcionarnos herramientas estables que nos permitan prestar un servicio de calidad?”, zanjó.

Por su parte, Sara Rodríguez puso el ejemplo de los proyectos de formación que la entidad Impulsa Igualdad ofrece para elevar el nivel educativo y las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad. “Precisamos un presupuesto estable para que estos programas, que son tan necesarios y además duraderos en el tiempo, no estén supeditados a la concesión o no de una ayuda", comentó.

Pedro Martínez transmitió la “gran preocupación” del mundo de la discapacidad por “la continuidad” de muchas asociaciones en 2024. “El 85% de nuestros gastos corresponden al pago de nóminas, que han aumentado de forma importante con el nuevo convenio laboral”, señaló.

Debido a ello y también a la inflación generalizada, los expertos recalcaron que “muchas entidades entraron en pérdidas, por lo que los bancos han cerrado las líneas de crédito”. También indicaron que las organizaciones, mientras esperan la resolución de ayudas y subvenciones, deben recurrir a créditos y avales bancarios para afrontar el final del año corriente y los primeros meses del nuevo ejercicio.

Por este motivo, “muchas asociaciones deben pedir derramas y adelantos a sus socios, además de “créditos a los bancos”. “De diciembre a febrero o marzo son meses muy duros” en los que a veces “me cuesta dormir”, confesó Ugarte. Lamentó que uno "haya podido hacer las cosas muy bien y que, por diversas cuestiones, no te concedan la subvención”.

Ugarte denunció así que las entidades se enfrentan a una situación "crítica". Martínez destacó que "se enfrentan a una decisión drástica: o reducir sus servicios, lo que irá en detrimento de la asistencia que prestan a las personas con discapacidad, o plantear directamente el cierre”. De ahí la necesidad de “poner encima de la mesa qué servicios son realmente esenciales” a fin de garantizarles la financiación estable que merecen.

RESCATE

Ugarte apuntó al aumento salarial debido al nuevo convenio laboral, pero también al alza de los precios de la luz y del transporte y el impacto de la guerra y de la pandemia como factores que explican la situación de “extrema vulnerabilidad” que viven muchas entidades. “Muchas no van a poder pagar las nóminas los próximos meses”, con lo que pidió a Gobierno y autonomías que “no les dejen caer”. Sin apoyos y sin estabilidad financiera, vaticinó que “veremos como muchas fracasan en 2024".

Si las administraciones no actúan, advirtió de que “muchos servicios básicos dejarán de prestarse y provocaremos que más empresas privadas entren en el sector, cuando las personas con discapacidad somos las mejor preparadas para asumir esta atención”.

Cristina Martín advirtió de que pueden "empeorar los servicios de asistencia personal”, que muchas personas con discapacidad precisan para estudiar, trabajar y vivir de forma independiente. También apuntó que se pueden perder terapias, programas de rehabilitación, centros de atención temprana y de día…

Cristina Martín, durante el debate | Foto de Jorge Villa

VALOR SOCIAL

El presidente de CAAAD destacó asimismo que distintos estudios revelan que por cada euro que las administraciones invierten en este tipo de organizaciones, la sociedad recibe un retorno de entre el 60% y el 70%. “No solo es la inversión social, sino lo que generamos en empleo, gasto, compras a proveedores, etc. Este valor es tremendo”, argumentó.

Pero quiso ir "más allá” al destacar “todo el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer para que personas con grandes discapacidades -como Sara o Cristina- tengan una oportunidad de empleo" y sean así "libres y autónomas". "Eso no se puede cuantificar en dinero, sino en humanidad”, proclamó.

También Rodríguez sacó a colación una investigación de la Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de Córdoba (Fepamic), que sostiene que “por cada euro que recibe, se generan 6,10 euros de impacto en su entorno”. Puso el ejemplo de una residencia para grandes afectados por discapacidad que Fepamic gestiona, cuya plantilla está compuesta por trabajadores con discapacidad en un 83%.

“Además de los servicios que prestamos, se debe tener en cuenta el salario que el trabajador recibe y todo el gasto que (la Junta) se ahorra en atención social y sanitaria", concluyó.

Por su parte, Cristina Martín rememoró que estuvo más de año y medio buscando trabajo y cómo “en todas partes le decían” que no. Bien por falta de accesibilidad, bien porque consideraban que “su grado de discapacidad era demasiado alto”, nadie quería contratarla. “Si no es por Aspace (u otras organizaciones sociales), yo no tendría un empleo”, sostuvo.

Según Martínez, las plazas que estas entidades gestionan cuestan en torno a los 1.000 euros al mes de media, cuando una plaza pública se acerca a los 2.700. “Son casi tres veces más”, remató.

PETICIONES

A su juicio, “las administraciones deben, por lo menos, financiar de forma adecuada la diferencia de precios que se están ahorrando y lograr que el sector sea sostenible”. “Nosotros creemos que la administración sí que es consciente de ello, pero la sociedad no lo es tanto”, apuntó. Por eso, convendría que existiese mayor conocimiento, para que la ciudadanía ejerciera “más presión a la hora de reclamar una financiación adecuada”.

Junto a la necesidad de una financiación estable y de un nuevo modelo, Martínez enumeró las principales demandas que el sector de la discapacidad planteó a Pedro Sánchez, tales como la extensión del Sistema de Dependencia para “acabar con las listas de espera y conseguir que todas las personas dependientes reciban los servicios y prestaciones que necesitan en un tiempo razonable”.

“Le transmitimos también la insoslayable urgencia de modificar el artículo 49 de la Constitución, que tan denigrante resulta para nuestro colectivo” en su redacción actual. Otras peticiones del sector tienen que ver con la Ley de Vivienda porque todavía “hay muchas personas que viven encerradas en sus casas” cuando un vecino se opone a las obras de accesibilidad que requieren.

Para Rodríguez, “el principal problema se resume en que falta un compromiso real por parte de todas las administraciones con nosotros”. “De lo contrario, entenderían la necesidad de cuidarnos”. Esta falta de protección financiera afecta “de forma directa a cuatro millones de personas con discapacidad" y "de manera indirecta, a millones más”, concluyó.