Con esta medida, el Gobierno establece nuevos requisitos de solvencia para las empresas que participen en concursos públicos, con el objetivo de lograr un "mayo compromiso" de los adjudicatarios en la financiación del contrato.

Asimismo, limitará al 80% de la inversión prevista el importe de la deuda de las empresas que se pueda titulizar o hipotecar.

Por otro lado, establece también la posibilidad de que las concesionarias puedan obtener avales públicos como garantía para buscar fórmulas de endeudamiento para financiar esas obras.

El objetivo es el de facilitar a los adjudicatarios de contratos públicos la obtención de los fondos necesarios en los mercados de capitales.

No obstante, el anteproyecto establece que esta garantía no será aplicable en los casos de titulización de créditos o hipoteca de la concesión.

Además, el texto elimina algunos obstáculos para la amortización anticipada de los créditos participativos.