Esta organización salió así al paso del debate abierto ante la decisión de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, de celebrar un referéndum para que la ciudadanía decidiera sobre si se prohibían o no los patinetes eléctricos, lo que el pasado domingo fue aprobado con un 90% de los votos en la capital gala.

A su juicio, la regidora de la ‘ciudad de la luz’ se ha “lavado las manos” con una consulta dirigida a los servicios de movilidad compartida y no al uso de patinetes privados. En opinión de Aedive, es “un sinsentido”, por cuanto los primeros mantienen los patinetes en condiciones óptimas de servicio mediante revisiones periódicas y disponen de herramientas 'online' que permiten una gestión eficiente y controlada de los vehículos, incluso de sus velocidades en función del volumen de peatones, garantizando la seguridad del usuario -que además está debidamente identificado- y del entorno, mientras que los segundos no.

Esta asociación también censuró que la seguridad vial haya sido otro de los argumentos esgrimidos para “demonizar” a los servicios de movilidad compartida con patinetes. Ello, pese a que, según esta patronal, las cifras de siniestralidad que se han utilizado no han tenido en cuenta que la inmensa mayoría de los accidentes han sido producidos por vehículos particulares y ningún fallecimiento se ha debido a la acción de vehículos de servicios compartidos.

“Salvo algunas excepciones, la mayoría de los ayuntamientos tratan la movilidad compartida con patinetes eléctricos como una fuente de ingresos "que no moleste", más que como una solución de movilidad sostenible que facilita la vida a muchos ciudadanos en sus desplazamientos urbanos cotidianos”, reprobó Aedive.

De esta manera, hay ayuntamientos españoles que han optado, aun habiendo sido advertidos por Aedive del error que cometían, por publicar concursos basados en subastas de lotes de patinetes, como si la movilidad compartida fuera una tómbola en la que gana el mejor postor, no la empresa que mejor calidad de servicio preste.

Al respecto, denunció que “otros ayuntamientos se han preocupado más por obtener ingresos a cambio de licencias, aun aceptando bajas temerarias en los concursos públicos, que hacían imposible la prestación adecuada del servicio, lo que ha resultado en un desastre donde se ha otorgado el servicio a operadores que aceptaron precios imposibles y que posteriormente, han tenido que abandonar el servicio o duplicar su coste, contraviniendo los preceptos establecidos en las bases de la licitación y con la anuencia del consistorio”.

Sin embargo, puso en valor que otros consistorios como el de Sevilla sí han “hecho los deberes”, se han reunido con las empresas que prestan el servicio con “seriedad y compromiso, garantías de calidad, servicio y seguridad para el usuario y los viandantes y han puesto a disposición de sus ciudadanos un modelo adicional de movilidad sostenible que está dando muy buen resultado no solo en la capital hispalense, sino también en muchas ciudades de diversa tipología dentro y fuera de España”.

“La movilidad compartida con patinetes no es algo que se deba dejar en manos de un referéndum popular, sino una responsabilidad inherente de cada ayuntamiento a la hora de plantear soluciones eficientes de movilidad sostenible para que el ciudadano pueda optar con libertad a la que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento, garantizando la seguridad del servicio”, sentenció esta asociación.