En un comunicado, Fenin recuerda que la Directiva de Morosidad (2000/35/CE) establece medidas de lucha contra la impago en las operaciones comerciales, y su objetivo es evitar las cargas financieras y administrativas que pesan sobre las empresas suministradoras, como consecuencia de los largos plazos de pago fijados en algunos contratos.

El 8 de agosto de este año concluye el plazo para la trasposición d la norma, que afecta también a las empresas públicas y sobre la que no ha habido, según Fenin, ninguna manifestación por parte de la Administración española.

A juicio de las empresas suministradoras, uno de los aspectos más relevantes es el establecimiento del tipo legal de los intereses de mora en el 12,75% (interés fijado por el Banco Central Europeo del 5,5% más 7% de penalización).

"De ahí", añade la nota, "la vital importancia de esta norma europea para la Patronal, cuyas empresas vienen soortanto desde hace años, la deuda histórica por buena parte de las Entidades Gestoras del Sistema Nacional de Salud".

Entre las medidas contenidas en la directiva destaca que el acreedor podrá reclamar una compensación por los costes de cobro que haya sufrido por morosidad, o que el vendedor conservará la propiedad de bienes hasta que el comprador pague la totalidad del precio pactado.