El informe se basa en una encuesta realizada entre 1998 y 1999 a cerca de 8.000 pequeñas y medianas empresas de once países de la OCDE: Australia, Austria, Bélgica, Finlandia, Islandia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, España y Suecia.

Los resultados del sondeo muestran que una empresa española tiene que soicitar anualmente una media de 13,6 permisos o resoluciones administrativas para ajustarse a las reglamentaciones fiscales, laborales y medioambientales en vigor, frente a sólo 7,6 en el promedio de países estudiados.

Las empresas islandesas son las que menos trabas burocráticas encuentran, con 2,7 gestiones al año relacionadas con permisos o resoluciones administrativas, es decir, cinco veces menos que en España.

Pero también los demás países están claramente por debajo del nivel español: Austraia (9,6 gestiones al año), Austria (6,8), Bélgica (7), Finlandia (7,2), México (7,9), Noruega (6,5), Nueva Zelanda (5,4), Portugal (8,2) y Suecia (9,3).

PERMISOS FISCALES, LABORALES Y ECOLOGICOS

La encuesta realizada por la OCDE pretende medir el coste en dinero y tiempo invertido en los trámites y gestiones administrativas necesarias para cumplir las reglamentaciones oficiales en tres grandes áreas: fiscal, laboral y medioambiental. El resultado es que las pequeñas y medianas empresas del conjunto e países estudiados dedican una media de 4.000 dólares por asalariado para cumplir esos requerimientos.

En España, la mayor parte del tiempo invertido en gestiones burocráticas ante las administraciones se debe a papeleo relacionado con cuestiones fiscales (6,7 gestiones al año), seguidas de las laborales (5,2) y las medioambientales (1,7).

Los expertos de la OCDE dejan claro que las reglamentaciones y los requerimientos que imponen las administraciones públicas son "herramientas importantes" par garantizar unos estándares de seguridad, sanitarios y ecológicos, pero llaman la atención sobre la diversidad de costes según los países.

A este respecto, señalan que "los costes administrativos derivados de las reglamentaciones representan, en los países objeto de la encuesta, alrededor del 4% del PIB del sector de las empresas. Las estimaciones oscilan entre menos del 2% de Finlandia y el 7% de España".

Por otra parte, los cuestionarios planteados por la OCDE a las empresas que participaron enla encuesta muestran un elevado grado de descontento con la calidad de la gestión administrativa en prácticamente todos los países.

En el caso de España, entre un 86% y un 90% dicen que los procedimientos no son flexibles, cerca de 60% afirman que los responsables administrativos no dan respuestas precisas, casi un 50% se quejan de que esas contestaciones son lentas y más de un 60% alega que no es fácil saber quién es responsable de las decisiones.

Por lo que se refiere al contenido mismo de las eglamentaciones, entre un 40% y un 60% de las empresas se quejan de que las normas que hay que cumplir no son fáciles de comprender (el porcentaje más bajo se refiere a la normativa medioambiental y el más alto a la fiscal).

Además, a la pregunta de si es posible, pese a su elevado número, respetar las reglamentaciones, un 20% contesta negativamente en lo que se refiere a la normativa fiscal, un 36% para la laboral y un 37% para la medioambiental.

De otro lado, el informe de la OCDE se hace eco d una investigación realizada en 2000 por la patronal europea, UNICE, para denunciar la falta de agilidad de las administraciones de los países europeos tomando como ejemplo lo que se tarda en conseguir un permiso para abrir una nueva estación de servicio: 14 días en Estados Unidos, 26 en Holanda y Reino Unido, 43 en Austria, y 52 en Suiza, Alemania, Grecia, Portugal o España.

Una vez conseguido el permiso administrativo, el tiempo para construir la estación de servicio es prácticamente el mismo en tods los países, entre 10 y 12 días.