De acuerdo con estas fuentes, España destaca en este tipo de delitos, puesto que ocupa el noveno puesto del mundo en lo que a volumen de falsificaciones se refiere. Las empresas afectadas llegan a invertir hasta un 5% de sus ventas en la defensa de sus marcas.

Las cámaras de comercio comparten la preocupación del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas por la gravedad de estos delitos, e insisten en la ecesidad de aplicar rigurosamente las leyes. Sugieren, incluso, la conveniencia de crear un cuerpo de justicia especializado en estas cuestiones.

El Consejo y Andema editaron recientemente el manual "La propiedad industrial, la empresa y el mercado", con el objeto de dar a conocer a los empresarios cómo deben defender sus marcas, patentes y diseños.