PSOE y Sumar han acordado incorporar en la ley esta medida, que no figuraba en el anteproyecto presentado por el Ministerio de Industria en junio. El titular de este departamento, Jordi Hereu, explicó en la presentación del proyecto tras el Consejo de Ministros que la obligación de devolver las ayudas públicas será “un elemento de política activa para proteger y no facilitar la deslocalización”, que se aplicará solo “una vez agotadas todas las líneas de diálogo” con las empresas para que sigan en España.

Esta medida paraguas contra la deslocalización refuerza lo recogido ya en el anteproyecto de que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en España tendrá que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno. En el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, tendrán que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla.

Cuando una compañía foránea comunique su marcha de España, se creará una "mesa de reindustrialización" que estudiará alternativas para convencer a la empresa de que desista de su decisión o para estudiar alternativas que garanticen la actividad económica y el empleo en la ciudad afectada por el cierre.

MONCLOA

La nueva ley de Industria y Autonomía Estratégica creará un Comité de Inversiones Estratégicas que dependerá de Presidencia del Gobierno, y que decidirá los proyectos industriales que son catalogados como estratégicos. Según la norma, los proyectos que sean declarados estratégicos porque tengan un volumen relevante de inversión y creación de empleo contarán con tramitación de urgencia en los procedimientos administrativos y podrán beneficiarse de la concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva.

Otra de las principales novedades de la ley ya anunciadas es la creación de la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi). El objetivo de este fondo es “tener bien radiografiadas las necesidades de bienes de primera necesidad para casos de crisis” como fue la pandemia, en alianza con empresas que tendrán una “certificación para la autonomía estratégica” y que podrían beneficiarse de incentivos fiscales o líneas de acceso preferente a ayudas.

Se constituirá el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica (Cecopie), órgano colegiado bajo la dependencia funcional del Consejo de Seguridad Nacional e integrado orgánicamente en el Ministerio de Industria y Turismo, que será el órgano encargado de la gestión ordinaria de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial.

La ley dará carácter estructural a los Pertes (Proyectos Estratégicos) puestos en marcha con la pandemia, y su ámbito se irá decidiendo en función de los temas económicos de actualidad en cada momento.

La norma determina que podrán reconocerse nuevos Perte más allá de la de la vigencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, con el fin de promover la ejecución de proyectos tractores basados en la colaboración público-privada que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de la economía española".

Los proyectos considerados como Perte "tendrán que estar enmarcados en al menos un ecosistema industrial identificado como estratégico en la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica vigente", indica el texto.

El anteproyecto incluye la puesta en marcha de una ‘Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica’, que se revisará cada seis años (la primera se extenderá hasta 2030). Esa estrategia se plasmará en planes estatales de industria de duración trienal. La ley también creará el Consejo Estatal de Política Industrial para reforzar la coordinación entre industria y otros ministerios como Energía.