Por lo que se refiere a las empresas, en lo que va de 1992 han solicitado aplazamientos en el pago de las cotizaciones por valor de 210.000 millones de pesetas.

De esa cantidad, 145.000 millones son demoras extraordinarias a cinco años pedidas en su mayoría por empresas públicas, 48.000 millones recaen sore empresas sometidas a reconversiones y 20.000 millones son aplazamientos ordinarios.

El nivel de morosidad de la Seguridad Social se sitúa actualmente entre el 6,5 y el 7 por ciento, comparable al que sufren las entidades de crédito con los morosos que no devuelven sus préstamos.

En 1993, la Seguridad Social pondrá en funcionamiento 23 nuevas unidades de recaudación ejecutiva (URE), las encargadas de recuperar las deudas de los morosos, tarea con la que en 1992 ingresarán alrededor de 84.000 milones de pesetas.

Las 22 nuevas unidades de recaudación que comenzaron a operar este año conseguirán unos ingresos de 6.000 millones de pesetas, mientras que el coste de su implantación fue de 1.000 millones, según las estimaciones de la Seguridad Social.

Las URES cuentan, desde finales de 1991, con un nuevo reglamento de recaudación que establece el derecho de la Seguridad Social a embargar los bienes propiedad del infractor en cuantía suficiente para garantizar el pago de la deuda, los recargosy las costas administrativas.

Además, las deudas con la Seguridad Social tienen la consideración de preferentes sobre otras del empresario y las entidades financieras están obligadas a informar sobre los bienes del deudor y a realizar los correspondientes pagos a requerimiento de la Seguridad Social.

La Seguridad Social concede aplazamiento en el pago de cuotas a empresas con graves dificultades de tesorería, a sociedades afectadas por reconversiones industriales o inmersas en zonas declaradas coo catastróficas, entre otros motivos.