Pérez recordó que, en diciembre, unos 300.000 trabajadores fueron enviados al desempleo por sus empresarios, con el "único objetivo" de ahorrarse los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social.

"El problema es de los empresarios, que incumplen la legalidad, y del Gobieno, que no tiene voluntad política para perseguirlos con más inspectores de Trabajo. Es un asunto de policía laboral, de más inspección y de pasividad del Ministerio de Trabajo", manifestó.

Además, alertó de los problemas que estas prácticas acarrean para los trabajadores que, en ocasiones, se encuentran con que no tienen días suficientes cotizados a la Seguridad Social para acceder a prestaciones de desempleo, incapacidad e incluso a sus pensiones.