Según Copyme, es necesaria la intervención del Defensor para evitar la paralización de Madrid a partir del 25 de febrero, día en que los trabajadores del Metro realizarán una huelga de 24 horas, que podría prolongarse hasta el 28 y que coincide con los paros en laEmpresa Municipal de Transporte.

La confederación empresarial considera que las huelgas del transporte urbano están ocasionando incalculables pérdidas a la pequeña y mediana empresa madrileña.

Acurema también opina que es imprescindible la mediación del Defensor del Pueblo ante las partes implicadas en los conflictos, para que los madrileños no vean vulnerado su derecho a la libre circulación. Recuerda que la situación se agravará el próximo día 27, en el que pueden coincidir paros en la EMT, Meto y cercanías de Renfe.

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Madrid remitió el pasado 10 de febrero un escrito a Gil-Robles, solicitándole que instruyera, si lo estimaba oportuno, un expediente con propuestas sobre el conflicto en la EMT ante organismos competentes de la Administración, para delimitar posibles responsabilidades por el incumplimiento de los servicios mínimos.

Copyme y Acurema reconocen, a su vez, que la huelga es un derecho constitucional, pero afirman que cuando éste colisona con otro del mismo rango sería preciso respetar ciertas "prestaciones indispensables", como los servicios mínimos, para garantizar los desplazamientos de los ciudadanos.