Los empresarios denuncian la contradicción que existe entre la actitud del Gobierno central y el espíritu de las normas que pretende aplicar, así como la actitud de las autoridades comunitarias.

El conflicto entre los empresarios canarios y el Gobierno español comenzó a principios de julio, cuando entró en vigor el Régimen Específico de Abastecimiento (REA).

La Direción General de Comercio Exterior se ha negado a ejercer desde entonces una mayor agilización de las operaciones de aprovisionamiento, poder que le concede la Comunidad Europea.

Las normas que deben aplicarse reducen los trámites a seguir, como la realización de una solicitud previa de certificados de importación y exención y de ayudas al consumo durante este primer semestre.

El reglamento dispone que para conceder las ayudas al consumo basta con que se acredite la entrada en Canarias de la mercanía proveniente de la Comunidad Europea o que la documentación aduanera sea la que se pide actualmente para las importaciones.

Los empresarios aseguran que la aplicación indiscriminada de estas medidas perjudican a los pequeños importadores, al exigir avales bancarios muy elevados.

En la actualidad sólo están reguladas las restituciones comunitarias pertenecientes a la carne de porcino, ayudas a cereales, huevos en polvo y carnes de ave.