La sentencia mantiene que su fábrica, "Pulidos Joaquín Franco S.A.", vertió cantidades de residuos tóxicos en el arroyo Poal, afluente del río Cardener, que supraban en siete u ocho veces los límites permitidos.

El fiscal había solicitado para el acusado la pena de un año de prisión y una multa de un millón de pesetas por vertidos de metales pesados y otros tipos de residuos.

El acusado aseguró en el juicio, celebrado el pasado día 12, que en 1989 instaló una depuradora en el arroyo, pero reconoció que antes había vertido los residuos sin ningún tipo de precaución.

No obstante, Joaquín Franco no ingresará en prisión, ya que carece de antecedentes pnales.

EMPRESA DENUNCIADA

Por otra parte, el Ayuntamiento de Franqueses del Vallés (Barcelona) ha presentado una denuncia contra la empresa Derypol, como presunta autora de otro delito ecológico.

Los responsables municipales de Franqueses del Vallés insisten en que el pasado miércoles hubo una fuga de acrilato de epilo, producto tóxico e inflamable, en la empresa.

Según el ayuntamiento de esta población, las emanaciones de esta sustancia contaminante se percibieron en un radio de varios kiómetros.

Los demandantes explicaron que el suceso ocurrió cuando un camión cisterna holandés que transportaba el acrilato de epilo procedió a su descarga en la fábrica.

Asimismo, aseguraron que se derramaron unos 3.000 litros del producto, por lo que los bomberos de la Generalitat, ayudados por especialistas en materia de sustancias tóxicas, tuvieron que utilizar máscaras antigás para limpiar la zona.

El acrilato de epilo es muy irritante para los ojos y la piel y los vapores que genera puedn producir distintos efectos, como diarreas o convulsiones. Derypol trabaja con resinas para producir pinturas.

Según la policía de Granollers, el pasado miércoles recibieron alrededor de un centenar de llamadas de los vecinos de la población, que denunciaban el fuerte olor que llegaba a través de las cloacas.

Estos sucesos ocurren pocos días después de que un juzgado de la localidad metropolitana de Sant Boi de Llobregat archivara una denuncia que la empresa de sustancias químicas Solvay había pesentado contra la organización ecologista Greenpeace, por el bloqueo hace unos meses por parte de los conservacionistas del emisario de vertidos residuales que la fábrica tiene en el río Llobregat.

Greenpeace acusó a Solvay de vertir productos altamente tóxicos y cancerígenos, mientras que la empresa argumentaba que cumplía los límites legales y contaba con los permisos correspondientes.