Los hechos que se le imputan y que la Sala considera probados sucedieron cuando el inculpado, junto con Ezequiel Flores, que ya ha sido condenado por estos mismos hechos, compraron por mitades indivisas y por escritura pública una finca en los terrenos denominados "Los Lavaderos", en Badajoz, por valor de 20 millones de pesetas, decidiendo posteriormente vender este terren a la entidad Jardines del Guadiana por 309 millones.

Para eludir el impuesto de tan elevada plusvalía y aminorar el importe de la base imponible crearon una sociedad ficticia denominada Inmoceti, representada por un administrador único, Miguel Salvador Romanacho, en paradero desconocido.

De esta forma vendieron primeramente los terrenos a Inmoceti S.A., por el precio de 65 millones, haciéndose constar en la escritura que la participación del inculpado era del 45% y la de su asociado del 55%. El ismo día de la compra, la sociedad Inmoceti cedió la misma finca que acababa de adquirir por los 309 millones citados.

Por su parte, el inculpado, al presentar su declaración del IRPF correspondiente a 1989, declaró como valor de enajenación de la finca vendida la cantidad de 32,5 millones, es decir, la mitad de los 65 millones declarados como precio de la compra-venta a la ficticia Inmoceti.