Fuentes del Instituto Armado informaron a Servimedia de que los agentes que practicaron esta detención tienen varias opciones para el caso de que algún juez decida hacerles alguna imputación sobre el arresto de Igor Portu.

Las fuentes consultadas explicaron que una opción es que a estos guardias civiles se les asignara un abogado de la Benemérita, algo que pasaría porque los agentes lo solicitasen y porque la dirección del cuerpo se lo concediera.

Otra segunda opción sería que estos miembros del Instituto Armadorecurrieran a un abogado particular para el caso de que algún juez viera irregularidades en la detención de este etarra.

Finalmente, los agentes citados podrían recurrir, si son imputados y así lo deciden ellos, a la empresa Legalitas, que tiene firmado un convenio para prestar asistencia legal a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

En concreto, Legalitas firmó en diciembre de 2006 un convenio con la Benemérita, mientras que en junio de este año el acuerdo se amplió a la Policía Nacional. En ambos caso el convenio incluye la prestación de asistencia jurídica a los agentes tanto por su labor profesional como en su vida privada.

Las fuentes de la Benemérita consultadas explicaron que el caso de los guardias que detuvieron a Igor Portu estaría dentro de los supuestos contemplados por el convenio en el caso de que hubiera algún indicio legal contra ellos.