Esta será una de las principales resoluciones del Plan de Empleo que España presentará en abril ante la autoridades comunitarias, para ser luego definitivamente aprobado en la Cumbre de Cardiff (Reino Unido) que se celebrará en junio.

La actuación formativa del Gobierno se dirigirá, en primer lugar, a la totalidad de los parados menores de 25 años que llevan cinco meses parados como mínimo y seis meses como máximo, así como a los mayores de esa edad que estén en el desempleo un mínimo de once meses y un máximo de doce. Se calcula que en el primer caso están 300.000 personas y 420.000 en el segundo.

En el caso de los parados de larga duración (los que llevan más de seis meses sin trabajar en el caso de los jóvenes y más de un año en el de los mayores de 25 años), el Ejecutivo se quiere comprometer a ofrecer cada año formación a un 20% de este colectivo, que está formado por 250.000 jóvenes y 850.000 adultos.

En la actualidad, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) realiza unas 600.000 acciones formativas al año que cuentan con un presupuesto de 420.000 millones de pesetas en 1998. Pero para calclar con exactitud el esfuerzo que hay que realizar hay que cuantificar las actuaciones que están llevando a cabo las comunidades autónomas en esta materia.

Hay que tener en cuenta que Cataluña y Galicia ya cuentan con plenas competencias en acciones formativas de parados, mientras que está previsto que este año se haga el traspaso a Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Extremadura, y al resto de las autonomías entre 1998 y el 2000.

Por eso, es necesario llegar a compromisos concretos con ls Gobiernos autónomos de cara a cumplir con el requisito de la formación.

Las fuentes consultadas añadieron que, dentro del colectivo de parados de larga duración, no están todavía aprobadas las prioridades para decidir qué colectivo se incluirá en el 20% al que se dará formación cada año, aunque indicaron que factores como una larga permanencia en el paro o el hecho de ser mujer podrían ser determinantes a la hora de ser incluido en la primera remesa.

El Gobierno tomará en cuenta como colectivo obre el que se tendrá que actuar de cara al Plan de Empleo a 2,7 millones de demandantes de empleo, en los que se toma en cuenta tanto a los parados propiamente dichos como a colectivos que están inscritos en el Inem pero no están en disposición inmediata de trabajar o no están realmente desempleados (estudiantes, trabajadores en busca de un segundo empleo, beneficiarios del Régimen Especial Agrario, etc.).

Estas cifras han sido aceptadas como referencia por las autoridades comunitarias, aunque tambié se tendrá en cuenta el número de parados de la Encuesta de Población Activa (EPA, cifrada en 3,3 millones de personas) para hacer un seguimiento sobre la eficacia de las medidas tomadas.