Según Vifore, las empresas y viveros públicos reciben ayudas oficiales que invierten en la creación y adquisición de nuevos viveros, lo que les sitúa en una situación privilegiada respecto a los operarios privados.

En un comunicado, Vifore denuncia también que los viveros oficiales reciben además privilegios en la obtención de los contratos con las administraciones públicas. Los productores privados consideran inadmisible que algunas comunidades autónomas impongan en la contraación de obras y trabajos de repoblación forestal la compra de planta de sus propios viveros y la fijación de precios oficiales, con el objeto de controlar el mercado a través de su propia producción.

En opinión de José María Zalbidea, portavoz de Vifore, "estos hechos atentan contra la libre competencia, provocan una falta de transparencia, obstaculizan la formación de un mercado amplio y fuerte y suponen una desviación de fondos comunitarios que benefician a la Administración y que es irregular".

Zalbidea considera también inadmisible que determinadas comunidades estén aplicando una política de desarrollo de viveros públicos con cargo al presupuesto de la propia Administración, con el agravante de que muchos de ellos no están registrados y por tanto no disponen de autorización oficial y no cumplen los requisitos mínimos exigidos en materia fitosanitaria de calidad e incluso las obligaciones fiscales, lo que está provocando un perjuicio económico muy importante al sector privado.

Vifore tambin denuncia la falta de coordinación y unificación entre las distintas autonomías, así como el incumplimiento de los compromisos establecidos en materia de gestión de las ayudas a la forestación.

Respecto al caso concreto de Tragsa, empresa pública dedicada a actividades forestales, Vifore estima que debería competir en igualdad de condiciones con el resto de operadores, no asumiendo una posición de privilegio al ser receptor de contrataciones directas.

La federación considera prioritario que se iplante un marco institucional entre la Administración central y la autonómica y el sector privado que establezca la liberalizaión del mercado de planta forestal e incluya una reducción progresiva de la producción de los viveros oficiales, entre otras medidas.